La ONU reitera su preocupación por la iniciativa de reforma al Poder Judicial

0
38

La ONU reiteró su preocupación por la iniciativa de reforma al Poder Judicial en México que contempla, entre otras cosas, la elección popular escalonada de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Independent justice systems play a vital role in safeguarding democracy, the Special Rapporteur on judges and lawyers, Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers), told the @UN Human Rights Council.#HRC56 pic.twitter.com/MghWiK0jMG

— United Nations Human Rights Council (@UN_HRC) June 25, 2024

Mientras la última propuesta de reforma judicial se somete a votación en la comisión hoy, reitero mis profundas preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo #México. Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial”, expresó Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados.

En la víspera del inicio de la discusión del proyecto de dictamen en la Cámara de Diputados, la funcionaria de Naciones Unidas alertó, de nueva cuenta, que el paquete de iniciativas de reforma al Poder Judicial podría socavar la independencia de la judicatura mexicana en caso de ser promulgado sin modificaciones sustanciales.

Recordando que uno de los propósitos de un poder judicial independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos, tengo varios comentarios acerca de la compatibilidad de las propuestas con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos que vinculan a México”, sostuvo.

Las propuestas incluyen medidas que podrían, entre otros aspectos, disponer la elección popular de todos los jueces y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) —añadió— “sin contar con procedimientos para regular las actuaciones durante la campaña”.

La reforma también propone reasignar las funciones administrativas y disciplinarias del CJF a un órgano de administración judicial y a un Tribunal de Disciplina Judicial, los cuales serán electos por voto popular.