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La agenda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para este miércoles incluye la revisión de tres recursos de reclamación presentados por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y sus representantes legales.
Estos recursos cuestionan la admisión a trámite de varios incidentes de inejecución de sentencia promovidos por Gildardo López Astudillo, alias “El Gil“, presunto líder de un grupo criminal.
López Astudillo, quien actualmente colabora como testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el nombre clave de ‘Juan‘, argumentó hace seis años que no se había cumplido con la sentencia del Tribunal Federal que ordenaba la creación de la Comisión de la Verdad del Caso Iguala.
La ministra Loretta Ortiz Ahfl propusó que el caso sea examinado únicamente por la Primera Sala de la Corte, argumentando que no es necesario llevarlo al Pleno.
Es importante destacar que la decisión que tome la Primera Sala no tendrá un impacto directo en el caso, ya que no se está impugnando la sentencia del Tribunal Colegiado.
Los recursos presentados por los padres de las víctimas y el ex director del Centro Prodh, Mario Patrón, alegan que el expresidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, admitió los incidentes sin justificación.
Los demandantes sostienen que debería prevalecer el criterio del Tribunal Colegiado, el cual determinó la existencia de tortura, violaciones al debido proceso y ordenó la creación de la Comisión.
Hasta el momento, la ministra no ha revelado si los recursos de reclamación serán aceptados o rechazados.
El conflicto se originó cuando, el 27 de septiembre de 2018, Aguilar Morales admitió los incidentes de inejecución de sentencia después de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se negara a crear la Comisión de Verdad del caso Ayotzinapa, argumentando una supuesta imposibilidad jurídica.
El Tribunal ordenó la creación de la comisión tras conceder amparo a varios presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, señalados por la PGR como responsables del secuestro y desaparición de los estudiantes.
Los magistrados otorgaron protección legal a estos presuntos delincuentes y ordenaron que se repitiera el procedimiento, además de exigir que fueran evaluados por peritos independientes bajo el Protocolo de Estambul, ante las sospechas de tortura, lo que finalmente llevó a que se dictara su liberación en diversos casos.
Es importante mencionar que el 3 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa).
